En la mañana del 20 de enero anterior José Abraham D. M. manejaba un pick up doble cabina sobre la carretera a Potosí, en el costero departamento de Chinandega, en el pacífico de Nicaragua. Al automotor, de color rojo, le habían entintado los vidrios para no ver hacia su interior; la zona se presta para justificar esa clase de acondicionamientos a los vehículos por las constantes altas temperaturas y generalmente soleado.
(Foto de Nuevo Diario de Nicaragua)
Pero aquella mañana con cielos despejados y de azul intenso, con una temperatura aproximada de 32º grados Celsius, la policía que ya conoce las tretas de los narcotraficantes locales, había colocado un retén en medio de la nada —el kilómetro 128 de la carretera hacia Potosí— he hizo alto a José Abraham. Confiado en que la mercadería que transportaba en la cama del auto aparentaba a simple vista que era alimento para aves, no dudó en obedecer la orden.
Tras una minuciosa inspección de la mercadería —seguramente por alguna alerta previa recibida por los uniformados— los agentes encontraron entre los sacos de mezcal 102 kilos de cocaína.
El operativo policial bien podría tratarse de un operativo más en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en la región a no ser por el sorpresivo hallazgo hecho por las autoridades que la droga estaba envuelta con distintivos nunca antes visto: un reptil verde con la trompa abierta, cual logo de Lacoste.
“Los paquetes de cocaína tienen la estampa de un caimán verde, que por primera vez aparecen en escena, lo cual podría determinar que es el sello característico de un nuevo cartel del narcotráfico”, explicó el comisionado Lee Edwin López, jefe interino de la Policía del departamento de Chinandega, en Nicaragua, pero sin entrar en detalles sobre las diligencias hechas hasta el momento en este caso.
¿Pero qué tiene que ver El Salvador en este caso particular ocurrido en Nicaragua? Según las investigaciones hechas por los nicaragüenses, el automotor pertenece a una salvadoreña, Rosa Digna R. V., que tiene más de 30 años de residir en esa nación. Precisamente ella se encontraba esa mañana en las costas de Chinandega junto a otros tres salvadoreños y tres nicaragüenses, quienes al ser abordados por la policía se justificaron que estaban en actividades de pesca de camarón para su traslado en lanchas hacia El Salvador a través el Golfo de Fonseca.
Análisis de inteligencia de la policía antidrogas salvadoreña detallan que los cuatro cárteles mexicanos (del Golfo, de Sinaloa, de Tijuana y el de Juárez) están ocupando una franja transversal al sur del país como corredor para transitar la droga, específicamente en las costas pacíficas que conectan a Nicaragua con El Salvador; es por ello que cuando las autoridades conocieron sobre la captura de José Abraham D. M. junto a varios salvadoreños decidieron realizar sus propias pesquisas.
Pero en este caso específico hay más vínculos entre salvadoreños y nicaragüenses: En el operativo en las costas de Chinandega la policía se incautó de ocho lanchas, las que están a nombre del salvadoreño Rosalío G. C. (alias “Virgilio”), quien huyó de la zona al ver la presencia de las autoridades; quien no pudo escapar fue su hermano Jorge Armando G. C., capturado junto al resto de sospechosos.
En El Salvador la División Antinarcotráfico (DAN) ya sigue la pista de “Virgilio” y de momento ha efectuado cinco allanamientos en su búsqueda. Ha trascendido que además de ser dueño de las lanchas también posee un pequeño hotel, un acopio de mariscos y una procesadora de hielo. El sospechoso ya posee antecedentes penales por narcotráfico, cuando en agosto de 2000 fue capturado en flagrancia junto a otro salvadoreño y otro nicaragüense cuando transportaban siete kilos de cocaína.
“No sabemos qué fue lo que pasó, pero él salió libre a pesar de que se le había detenido con la droga” reaccionó diciendo el subdirector general de la Policía Nacional Civil (PNC), Alexander Ramírez Medrano. En El Salvador los diversos gremios empresariales y diversos sectores de la sociedad externan fuertes críticas hacia los jueces por hacer prevalecer los derechos de los reos por sobre la sociedad. Incluso, las autoridades han establecido nexos entre jueces y el crimen organizado que opera en el oriente del país, pero la Corte Suprema de Justicia se ha negado --no solo a realizar una depuración interna-- sino a no aceptar recursos de antejuicio solicitados por la Fiscalía Genaral contra varios juzgadores.
De hecho, “Virgilio” no es el único empresario radicado en la zona oriental de El Salvador vinculado a las redes del narcotráfico. La Fiscalía y la Policía investigan a una serie de empresarios de cuestionada fortuna, radicados en esa zona del país llamados “los perrones”, por su vinculación con el tráfico de personas, contrabando, sicariato, narcotráfico y lavado de dinero.
Un testigo con criterio de oportunidad (cuya confesión fue obtenida por las Fiscalía el 9 de julio de 2007) con el que cuentan las autoridades ha asegurado que “los perrones” utilizan a las maras (pandilleros) para llevar personas que viajan de forma ilegal para los Estados Unidos hasta Guatemala, de donde regresaban con alijos de droga que era escondida en compartimentos ocultos de los vehículos en los que se trasladaban.
El considerado como el líder de esta banda es el empresario Reynerio de Jesús F. L., dueño de casi un centenar de traileres y a muchos de los cuales se les ha incautado de diversos cargamentos de cocaína desde Costa Rica hasta Guatemala. Él está prófugo y con un proceso en su contra pendiente en El Salvador y otros tantos en el resto de países de Centroamérica. Por la fuga de Reynerio la PNC debió realizar una depuración en sus filas en el oriente del país, procesar otros tantos y reubicar al resto.
Para la Policía, hablar de Reynerio de Jesús F. L. o de Fredis Osmín E. A. (otro empresario vinculado a la banda y quien se encuentra detenido y esperando juicio) es hablar de movilización de droga, grandes cantidades de dinero o de casas y de vehículos de lujo. Las investigaciones que han hechos las autoridades hasta el momento —en torno a estos dos empresarios del oriente del país— establecen que al primero se le han detectado cargamentos de droga por $82 millones y $2.2 millones en efectivo. Todos estos decomisos se han hecho en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, donde es investigado por sus supuestos vínculo con reconocidos cárteles de la droga de México.
Fredis Osmín, considerado además el “tesorero” de Reynerio, está siendo procesado por el delito de evasión de impuestos, tras descubrirle que movilizó en sus cuentas personales o en las de las sociedades que había creado, un poco más de $36 millones en menos de cuatro años. Hasta la fecha, las autoridades le han congelado e inmovilizado 30 vehículos que estaban a su nombre y nueve propiedades distribuidas en los departamentos de La Unión, Zacatecoluca y San Salvador.
Los empresarios migueleños Domingo Antonio S. y su esposa, Carmelina B. de S., quienes fueron los primeros en ser detenidos por tratar de “legalizar” unos $13.7 millones no declarados al fisco, también son relacionados a esta supuesta red vinculada con el tráfico de droga, contrabando de mercaderías y tráfico de indocumentados hacia Estados Unidos.
NUEVO CÁRTEL DE DROGAS
La sospecha de las autoridades nicaragüenses de que en la zona de Chinandega estaría operando un nuevo cartel de drogas no es del todo descartado en El Salvador, según reportes de la DAN en El Salvador existe una sustancial variación en el trasiego de la droga, en donde los cárteles que están operando son mexicanos y ya no los tradicionales colombianos como ocurría en el pasado.
“Lo que sucede es que, en Colombia, no hay un cártel en específico como antes, que un solo cártel era el que ‘subía’ (enviaba hacia Estados Unidos) la droga. Ahora se han diversificado, no hay cárteles sino que grupos, dentro de los que entran las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, refiere el jefe de operaciones de la DAN. El complemento “perfecto” para concretar el trasiego lo ha constituido toda la estructura de crimen organizado a escala nacional que poseen las pandillas, quienes están manejando la parte operativa.
Una de las conclusiones de expertos antinarcóticos en reuniones internacionales ha sido, según el oficial, que hoy Colombia “sólo está produciendo” y quien está transportando los cargamentos por el territorio centroamericano son los cárteles mexicanos. Pero el problema se está agravando en la región centroamericana, porque entre las nuevas modalidades de los narcotraficantes mexicanos está el pago en especie (droga) a los intermediarios, la cual es traficada y consumida localmente.
James Mack, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo recientemente en una visita a El Salvador: “Creemos que el problema en cualquier país por el cual pasa la droga pega doble, a veces los narcotraficantes se pagan en especies y no en dinero, entonces, ellos revenden el producto y luego la población se vuelve consumidor y eso es lo que ha pasado en México, en Centroamérica y en los otros países.” Mack consideró importante el trabajo que se hace en El Salvador con el centro de monitoreo antidrogas que opera desde octubre de 2009 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional. Es una base equipada con radares y aeronaves y operada por militares estadounidenses, pero que no intervienen directamente en la intercepción de cargamentos de droga sino que alertan a las autoridades policiales y militares para que realicen el procedimiento.
El más reciente golpe asestado al narcotráfico en las costas salvadoreñas ocurrió a mediados de diciembre pasado, con el apoyo del centro de monitoreo, cuando se logró la incautación de cerca de 1,000 kilogramos de cocaína que eran transportados en la embarcación camaronera Atoche (de bandera salvadoreña). La droga fue valorada en $27 millones.
Solo en 2008 la Policía antinarcóticos se incautó de 1,767 kilogramos de diversas drogas a escala nacional, cuyo valor comercial de todo lo decomisado asciende a $35 millones 68 mil 657. Los mayores decomisos fueron de cocaína, que alcanzó la cifra de 1,347 kilos; otros 405 kilos de marihuana; 8.5 kilos de heroína y 5.6 de crack.
Sin lugar a dudas, entre las mayores preocupaciones de las autoridades salvadoreñas se encuentra la falta de recursos para combatir al narcotráfico, no solo porque estos poseen medios de comunicación de última generación y modernas tácticas para el transporte de la droga, sino por la gran cantidad de recursos económico que les permite enquistarse en círculos de poder. Se ha calculado que por el istmo se trafica a diario por la vía marítima un mínimo de 1,000 kilogramos de cocaína.
El ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, desde enero de 2006 cuando se realizó una conferencia regional antidrogas en el país, ha insistido por todos los medios en la creación de un virtual Centro Regional de Coordinación Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos (CERCONAR): “Hay que fortalecer el CERCONAR. Guatemala había pedido la sede, pero por diversos motivos no se ha consolidado. Nosotros quisimos que estuviera en El Salvador. Lo debemos fortalecer todos los estados parte, y es de notar que contamos con el apoyo de Colombia y Estados Unidos.”
El Salvador ya alberga, además del centro de monitoreo antidrogas, la sede de la Academia de la Aplicación de la Ley de las Américas (ILEA) y a la oficina regional de Interpol.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix, durante el II Diálogo Centroamérica-Estados Unidos sobre seguridad democrática que se realizó en Washington D.C. el 13 de diciembre anterior, pidió a Estados Unidos que le dé continuidad y fortalecimiento al centro de monitoreo antidrogas debido al constante acoso que viven los países centroamericanos por parte de los carteles de la droga que operan desde México, así como los de Colombia.
El diplomático reconoció en el encuentro que el 90% de toda la droga que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica y únicamente un 10% por el Caribe. “Los carteles no solo se han diversificado y extendido sino que están actuando con mayor violencia”, dijo Cáliz y quien alertó sobre la participación de las pandillas como eje fundamental en esta estructura de crimen organizado.
El vicecanciller explicó que la idea es que se incremente la ayuda que da los Estados Unidos a través del plan Mérida, ya que la actividad relacionada con el narcotráfico se está incrementando en la región, por lo que sera necesario hacer una mayor y mejor inversión en herramientas que ayuden a detectar todas las formas que están utilizando para trasladar la droga.
A inicios de agosto del año pasado el presidente de la República, Antonio Saca, durante la cumbre antidrogas, resaltó los avances que ha tenido la región en el combate al narcotráfico, pero también señaló la necesidad de buscar mayor apoyo financiero a escala internacional para combatir este flagelo criminal. De $40 millones para la lucha contra las drogas contemplado en el plan Mérida para 2008, Haití y República Dominicana recibieron $2.5 millones cada uno; además dejó $34 millones en la partida a distribuir entre Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En enero de este año, Estados Unidos anunció el desembolso paulatino de $4 millones adicionales para el combate del narcotráfico y las pandillas como parte del Plan Mérida. El dinero se destinará para la adquisición de equipo, capacitación de las unidades antinarcóticos y antipandillas de la Policía Nacional Civil.
Es muy probable que con parte de esos fondos se continúe la persecución del prófugo Rosalío G. C. (alias “Virgilio”) y las vinculaciones con los 102 kilos de coca incautados en el pick up doble cabina color rojo, que fue detenido por la Policía de Nicaragua en plena carretera a Potosí, en Chinandega.
